La discusión en torno a la polémica Ley de Rescate Económico presentada por el Gobierno de Abelardo de la Espriella ha escalado rápidamente de los debates legislativos a las calles. La Central Unitaria de Trabajadores (CUT) anunció formalmente una jornada de paro nacional para el próximo jueves 19 de noviembre, en rotundo rechazo al paquete de medidas fiscales y tributarias impulsado por el Ejecutivo.
La decisión fue confirmada por el presidente de la CUT, Fabio Arias Giraldo, quien advirtió que la iniciativa gubernamental representa un desequilibrio profundo en la distribución de las cargas fiscales del país. Bajo la consigna de que el proyecto busca imponer “hambre para el pueblo y más riqueza para los megarricos”, la agremiación sindical hizo un llamado a la ciudadanía, trabajadores y diversos sectores sociales a unirse a las movilizaciones pacíficas en todo el territorio nacional.
Los principales puntos de discordia
El malestar de los sindicatos y de varios sectores de la oposición gira en torno a varios ejes críticos del proyecto de ley radicado en el Congreso:
- Impacto en la canasta familiar y tributos: La CUT cuestiona los cambios propuestos en el IVA para alimentos, así como el incremento en los impuestos sobre las rentas de trabajo y los aportes a salud, los cuales —según alertan— castigan duramente a las clases populares y a la clase media.
- Alivio a las grandes empresas: Los sindicatos critican la reducción gradual del impuesto de renta corporativa (del 35 % al 31 %) y los incentivos a la inversión, argumentando que transfieren el esfuerzo fiscal desde los hogares hacia el sector empresarial.
- Empleo público y facultades extraordinarias: Uno de los puntos más álgidos es la solicitud de facultades extraordinarias para que el Ejecutivo pueda reorganizar, suprimir o fusionar entidades estatales. La agremiación sindical advierte que esta medida pone en riesgo la estabilidad de hasta 700,000 empleos públicos.
Un pulso que llega al Congreso
Mientras el Gobierno defiende la Ley de Rescate Económico como una estrategia indispensable para sanear las finanzas públicas, reducir el déficit fiscal y ajustar el gasto del Estado frente al complejo panorama económico nacional, las voces de rechazo se multiplican en el legislativo y en las calles.
Con esta convocatoria al 19 de noviembre, el país se prepara para un nuevo pulso social que medirá la capacidad de presión de los sindicatos frente a las reformas estructurales que tramita el actual Gobierno. Las organizaciones sindicales han reiterado que las protestas se llevarán a cabo de manera democrática y pacífica.